Derecho penal. Parte singular. Tomo III Edgardo Alberto Donna El libro que presentamos sobre delitos contra la administración pública trata, esencialmente, de los hechos propios de los funcionarios públicos. En otras palabras, de las acciones que cometen aquellos que han sido escogidos por el pueblo, para cumplir con los deberes legales y que, no obstante, emplean al Estado como un medio para tener más poder, ejercerlo de forma dictatorial y, finalmente, lucrarse a costa del trabajo de la comunidad. Se trata de conductas que, en el fondo, son fruto de un modelo totalita rioinquisitivo del Estado, que busca verdades substanciales, al decir de Ferrajoli, que se configuran como una verdad máxima, sin restricción normativa, que tiene por base juicios de valor no posibles de ser refutado. Es en el fondo el Estado en el que “la culpa y no la inocencia ha de ser probada, y es la prueba de la culpa y no la de la inocencia, que se alardea desde el comienzo, la que forma el objeto del juicio penal”. Esta forma de ver al Estado, tal y como Hobbes lo había imaginado, privilegia la seguridad por sobre la libertad, la entrega de todos y cada uno de los derechos a fin de que el Estado se robustezca y con esto el propio funcionario de turno que está a su cargo. Y este es el Estado que se procura afianzar, en donde los juristas han decidido mudar los principios, por la seguridad, la entrega a la demagogia populista de los valores que la civilización occidental edificó con esmero. Es una suerte de lógica del terror, en donde no existen límites y como ya lo probó la Revolución Francesa la dialéctica de los sucesos devora a sus autores. No obstante, estamos persuadidos, como afirma Otfried Hójfe, que “en los derechos humanos llega a su totalidad el proyecto ético, político de la modernidad