El Ministerio Publico Jose Hurtado Pozo

El Ministerio Público – José Hurtado Pozo Eddili, 2da Edición La vigencia de la nueva Constitución de mil novecientos setenta y nueve, la instauración del régimen parlamentario en mil novecientos ochenta y los sacrificios sociopolíticos efectuados para robustecer el nuevo orden, han impulsado y condicionado la reforma del sistema jurídico. Como sucede siempre y en todo momento, los cambios políticos han repercutido, directa y también de forma inmediata en el dominio de la protección de los derechos humanos y del sistema penal. La emergencia de reformar la legislación, deponer de pie las nuevas instituciones, de regular los nuevos mecanismos legales y, igualmente, la carencia de los trabajos preparatorios anteriores y también imprescindibles, han determinado que el resultado final no sea tan bueno como el aguardado. Esta situación se patentiza en la Ley Orgánica del Ministerio Público, D. Leg. No. cincuenta y dos del veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y uno. La necesidad y también relevancia de esta corporación, la amplitud de su esfera de acción y las repercusiones usuales y también inmediatas en las diferentes áreas de la vida social, hacían precisa una regulación clara y precisa de su misión, de sus atribuciones y de su organización. El citado decreto Legislativo no reúne, por desgracia, dichos atributos. A forma de ejemplo, señalemos solo la incorrecta forma como han sido subdivididas sus disposiciones. Menos mal que el destino y buen funcionamiento de las instituciones no depende, necesariamente, de la corrección con que hayan sido elaboradas las reglas que las regulan. La capacidad y los conocimientos de quienes las aplican corrigen, completan y mejoran sus defectos, vacíos y virtudes; sobre todo, si a sus representantes se les da los medios imprescindibles para arrancar el mecanismo, y lograr, de esta forma, sus objetivos. De allá que la labor y responsabilidad no sea de alguno o bien de ciertos cuantos, sino más bien de todos, – fiscales, jueces, abogados, autoridades políticas y policiales. Desde esta perspectiva, ofrecemos la presente obra que tiene, en último término, la finalidad de tender al mejoramiento de la administración de justicia, y una eficaz protección de los derechos humanos. Y esto a través de una conveniente y eficaz intervención del Ministerio Público. La obra está dividida en 3 partes. La primera, está constituida por una exposición global de los inconvenientes esenciales del Ministerio Público. Así, aguardamos administrar el contexto que dé unidad a los comentarios hechos a cada una de las disposiciones de la ley. La segunda parte contiene la transcripción textual de la Exposición de motivos del anteproyecto de la ley. Pese a su brevedad, tiene la relevancia de reflejar el pensamiento de sus autores. (Realmente, conforme a la información que nos ha sido posible conseguir, la paternidad tanto de la exposición de motivos como del anteproyecto de L. 0. M. P. corresponde al doctor Nicanor Silva Salgado.) El texto de la ley, las fuentes y concordancias de las disposiciones y los comentarios a cada una de ellas forman la tercera una parte del libro. Los comentarios son una suerte de notas al lado de la ley; sin intenciones doctrinarias ni eruditas. Al final de la obra, hemos agregado, primero un índice metódico de la ley a fin de facilitar su manejo y situar los comentarios pertinentes. Y, segundo, la bibliografía de las obras citadas y consultadas. La preparación de la presente obra tuvo su punto de inicio en las notas que realizamos sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Desde ese instante contamos con la esencial ayuda de nuestro pupilo César San Martín Castro, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, donde consiguió el grado de Bachiller en Derecho con una espléndida tesis sobre el Ministerio Público. En nuestros días es relator titular de la Sala Civil de la Corte Superior del Callao y Juez de Paz letrado (i) en exactamente el mismo distrito judicial. Han cooperado, en el acopio de las fuentes legales y las concordancias, y, del mismo modo, en el esclarecimiento de no pocas ideas nuestros pupilos sanmarquinos Víctor Prado Saldarriaga y Pablo Sánchez Velarde, quienes desde el instante en que asistieron a nuestras clases en San Marcos probaron vocación y seriedad para el estudio del Derecho Penal