Experiencias en intervención psicosocial Alén de la elevación del peligro En la legislación laboral que regula la prevención de peligros en este país no existen reglas específicas sobre factores psicosociales. El marco legal no regula de forma concreta de qué forma administrar esta clase de peligros y sus consecuencias sobre la salud de las personas. No existen límites de exposición, ni en lo que se refiere a la dosis ni en lo que se refiere al tiempo; no hay una metodología única de evaluación, ni criterios legales para establecer prioridades precautorias. Esta realidad es vivida por ciertos agentes precautorios con inquietud, como un obstáculo insuperable en el momento de ponerse manos a la obra: por dónde iniciar, de qué manera medir, de qué forma saber qué es más esencial, de qué manera establecer el peso de las exposiciones laborales en frente de las extralaborales. No obstante, las organizaciones que están interviniendo en verdad sobre los peligros psicosociales, las que han excedido la fase de la evaluación y están actuando precautoriamente sobre los inconvenientes, acostumbran a explicarlo de otra forma. Afirman que es suficiente con las pautas precautorias genéricas. Afirman que no han echado singularmente en falta una legislación concreta, que seguramente les habría ceñido en demasía, impidiendo diseñar una intervención a medida de sus necesidades y circunstancias. Algo que se repite una y otra vez cuando se examinan casos reales: existen pautas generales, mas no soluciones estándar; uno de los factores clave a fin de que una intervención psicosocial funcione es su especificidad para el contexto en que se desarrolla. Cabría la reflexión sobre si es indispensable que exista, por poner un ejemplo, un real decreto que regule los peligros psicosociales derivados de la exposición a ciertas condiciones laborales, al estilo de los que durante la segunda mitad de los años noventa desarrollaron la Ley 31/1995 de Prevención de Peligros Laborales (LPRL). O bien quizás podríamos proponernos si, a veces, se usa la carencia de legislación concreta como una excusa para no actuar sobre este campo de la salud laboral. En cambio, el marco legal genérico, compuesto por la LPRL, el RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), y sus respectivas modificaciones siguientes, da definiciones y principios de acción suficientemente claros y aplicables a la práctica precautoria, incluyendo la psicosocial. Es más, ciertos de ellos mencionan particularmente al campo psicosocial de la prevención. Es obvio que eludir los peligros, combatirlos en su origen, y amoldar el trabajo a la persona son parte de la prevención primaria. Igualmente, la formulación “en todos y cada uno de los aspectos relacionados con el trabajo” abarca el conjunto de las causas de agobio relacionadas con el trabajo. La obligación del empresario de “integrar y planear la prevención” es la base de muchas de las propuestas sobre intervención psicosocial