Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales En el mes de marzo de dos mil diez el Secretario General de las Naciones Unidas hizo pública su “Nota orientativa sobre el enfoque de las Naciones Unidas a la justicia de transición”. En su principio nueve se hace un llamamiento a las Naciones Unidas a fin de que “se esmeren por asegurar que los procesos y mecanismos de la justicia transicional tomen en consideración las causas profundas de un enfrentamiento o bien un gobierno represivo y combatan las violaciones que se cometan de todos y cada uno de los derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales”. En la nota orientativa se resalta además de esto que ese enfoque es preciso a fin de que predomine la paz. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) asimismo ha reconocido esta necesidad. Ya en dos mil seis, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, hizo un llamamiento en ese sentido. A su parecer “la justicia transicional debe asistir a transformar a las sociedades oprimidas en sociedades libres, haciendo en frente de las injusticias del pasado mediante medidas que dejen conseguir un futuro equitativo. Esa justicia debe encargarse de los crímenes y abusos cometidos a lo largo del enfrentamiento que llevó a la transición, mas asimismo debe ir más allí y hacer en frente de las violaciones de derechos humanos que antecedieron al enfrentamiento y lo provocaron o bien contribuyeron a él”1. La carencia de realización de los derechos económicos, sociales y culturales, como las violaciones de esos derechos pueden, y acostumbran a, formar parte de las causas originarias de los enfrentamientos. Además de esto, las acciones y omisiones de los Estados y los agentes no estatales a lo largo de los enfrentamientos asimismo pueden suponer violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, y de manera frecuente afectan en mayor medida a los más frágiles. No obstante, no ha habido ningún movimiento extendido dirigido a incluir las causas profundas de los enfrentamientos y las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales en los procesos de justicia transicional. Ciertos aducen que, dado el carácter inusual y temporal de los mecanismos de justicia transicional y sus limitados recursos humanos y materiales, ampliar todavía más su campo de acción podría sobrecargarlos e inclusive poner en riesgo su existencia. Al abordar esos desafíos resulta necesario proponerse las próximas preguntas: ¿Cuál es el potencial de los mecanismos de justicia transicional para hacer en frente de estas cuestiones? ¿Son esos mecanismos convenientes desde el punto de vista funcional para ocuparse de ellas? ¿Cuál es la mejor forma de vincular la justicia transicional con los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Qué principios deben guiar su inclusión en los procesos de justicia transicional? ¿Qué obstáculos habría que superar?