Las víctimas y la justicia transicional ¿Están cumpliendo los Estados sudamericanos con los estándares internacionales? Los procesos de justicia transicional procuran, generalmente, conseguir cambios estructurales en aspectos relacionados con la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás los diseños institucionales, las reglas y las prácticas tanto políticas como judi­ciales que contribuyeron a producir el conflicto bélico o bien el gobierno déspota o bien los dos y deambular cara la democracia. En Latinoamérica, las instituciones y las categorías ideales de la justicia transicional han llegado a ser parte del discute público no solo en países que han puesto fin a un enfrentamiento ar­mado como El Salvador, Guatemala y Perú o bien a una dictadura como Chile, Argentina, Perú y Uruguay sino más bien asimismo en aquellos como Colombia donde la confrontación armada prosigue y la existencia misma de una auténtica transición es puesta en cuestión por “varios ámbitos sociales y organizaciones de derechos humanos” (Guzmán, Sánchez y Uprimny, en este libro). Alén de que el escenario sea el de una auténtica transición o bien el de una transición parcial, limitada o bien incompleta, en cualquiera de estas situaciones los sistemas de justicia cumplen un rol esencial, cuando menos en 2 aspectos que están íntimamente relacionados: 1) la protección de los derechos de las víctimas y dos) la consolidación de Estados y democracias donde no exista espacio para la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, singularmente cuando estas forman crímenes internacionales. Los dos aspectos son claves a fin de que la transición sea sóli­da y el nuevo régimen político sea capaz de eludir la reiteración de los hechos del pasado. En las transiciones democráticas, los poderes judiciales tienen entonces la doble y trascendental función de eludir la impunidad y asegurar los derechos de las víctimas. Ante este importantí­simo rol, después de pasados múltiples años y en ciertos países múltiples décadas desde el principio de los procesos de justicia transicional, cabe preguntarse si los Estados, y concretamente los poderes o bien sistemas judiciales, están cumpliendo con los estándares internacionales. En este marco, la Fundación para el Debido Proceso Legal de ahora en adelante DPLF, por sus iniciales en inglés emprendió un proyecto para valorar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia y derechos de las víctimas en 7 países de la región: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay. El proyecto busca efectuar una evaluación desde la perspectiva de las víctimas, mas no desde una mirada fundamentalmente subjetiva centrada en preguntarles sobre su nivel de satisfacción con el juzgamiento de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas anteriormente sino más bien desde una perspectiva más objetiva, que tenga presente el cumplimiento por la parte del Estado de sus obligaciones internacionales, en especial la satisfacción del contenido a nivel internacional protegido del derecho de las víctimas a la justicia. El énfasis del estudio está puesto entonces en la capacidad real de los poderes judiciales de agregar la perspectiva y los derechos de las víctimas en el trámite de los procesos. El precedente objetivo cobra mucho sentido en una zona donde los poderes judiciales tienden prácticamente solamente a añadir en las investigaciones y procesos penales, aparte de su perspectiva, la de los procesados. Tener en consideración los derechos de estos es esencial en un Estado de Derecho, como desee que las investigaciones no tendrían legitimidad sin el pleno respeto del debido proceso y el derecho de defensa de los acusados, mas en un marco de justicia transicional resulta imprescindible que estén presentes asimismo y con exactamente la misma relevancia los derechos de las víctimas. Valorar la integración y respeto de estos últimos en el funcionamiento de los poderes judiciales es un primer paso para diagnosticar las deficiencias y avanzar en el fortaleci­miento de los derechos de las víctimas en sede judicial