Terrorismo y derecho penal Como negación más radical del orden establecido, por su carácter violento y también indiscriminado, el terrorismo cuestiona aun la convivencia pacífica en Estados de derecho sociales y democráticos que, pese a sus imperfecciones, ofrecen todos y cada uno de los instrumentos y mecanismos a fin de que las mejoras y transformaciones se procuren y se consigan por medio de la vía política y pacífica. El hecho de que la amenaza terrorista internacional semeja estar en incremento debe ver con una cada vez mayor interdependencia de fenómenos, actuaciones y narrativas en un planeta globalizado, donde las causas de las injusticias observadas en un sitio se rastrean hasta otro sitio lejano. la vigilancia y la opresión resultan precisas para enfrentar los efectos más inmediatos de semejante internacionalización terrorista de enfrentamientos locales. no obstante, una solución más sustentable y prometedora debe incluir una revisión de las políticas de intervención, colaboración y comercio internacional, por solo nombrar ciertas, con la intención de crear condiciones capaces para estabilizar y pacificar sociedades y Estados fracturados. por tratarse de una amenaza global es tema central en la agenda de la comunidad internacional y el día de hoy hay decenas y decenas de instrumentos supranacionales que abordan esta problemática. Un aspecto a discutir en la estrategia contra el terrorismo es el tratamiento jurídicopenal, el que es objeto de estudio de la presente publicación del Conjunto sudamericano de Estudios sobre derecho penal internacional ordenado por Kai los dos y Ezequiel malarino. Felicidades a sus miembros por esta esencial obra colectiva. ¿de qué forma deben actuar los países en frente de este fenómeno? ¿cuáles son los límites impuestos por los principios del Estado de derecho? ¿Qué conductas pueden tipificarse como actos terroristas? ¿se trata de un crimen internacional? ¿Qué garantías procesales deben tener los encausados por estos delitos? ¿de qué manera resguardar derechos esenciales que pueden verse perjudicados en la prosecución penal del terrorismo? ¿cuáles han sido las contestaciones de las legislaciones? Estos son ciertos interrogantes que se derivan de una aproximación jurídica al terrorismo y que procura abordar este libro desde una perspectiva equiparada. Una de las grandes contrariedades en esta materia es la carencia de acuerdo sobre una definición. si bien hay elementos comunes como la afectación de la vida y la integridad física de civiles, la finalidad de producir temor o bien la referencia a conductas prohibidas por el derecho internacional son categorías amplísimas que no se han traducido en reglas claras y precisas como las que demanda la prosecución penal en un Estado de derecho. sumada al hecho de que se trata de una conducta fuertemente perseguida y castigada por los ordenamientos jurídicos, esta situación puede acarrear una aplicación equívoca e inclusive desmesurada del poder punitivo del Estado. las legislaciones nacionales tipifican las más variadas acciones, incluidas actividades preparatorias o bien de financiación, con el agravante de que en ciertos casos se ha llegado al punto de perseguir conjuntos opositores y voces disidentes ondeando la bandera de lucha contra el terrorismo. dada esta situación, acaba siendo el juez quien acepta toda la carga de ajustar las disposiciones penales a los principios de legalidad, culpabilidad o bien proporcionalidad; de interpretarlas para resguardar el derecho al debido proceso, a la libertad, a la dignidad; de limitarlas para asegurar lo que inspiró la idea misma de los Estados liberales: un Estado con poderes bien definidos y a prueba de abusos de poder. Es verdad que los actos terroristas son delitos graves, que han de ser perseguidos, puesto que afectan los cimientos mismos de las democracias modernas y crean una sensación de zozobra que no deja vivir en paz y calma. no obstante, la contestación del Estado debe darse en el marco de sus principios rectores y con respeto por los derechos humanos, para no sacrificar su legitimidad