Código procesal penal. Decreto Legislativo DL957, 4ta edición Hace diez años se puso en marcha La reforma procesal penal en el Perú, de aplicación progresiva: de un distrito judicial con casos simples y poca carga a otros de mayor dimensión, ello con el propósito de identificar las buenas prácticas y trasmitir exactamente las mismas en el próximo distrito judicial incorporado, situación que asimismo dejaba eliminar escenarios críticos y malas prácticas. También, la reforma se dio comenzó, a través de una división a dos aguas por el hecho de que los casos viejos acababan bajo el Código de Procedimientos de mil novecientos cuarenta y los nuevos empiezan y concluyen con el Código Procesal Penal (Decreto Legislatiuo n.º novecientos cincuenta y siete). A la data este instrumento normativo está actual en veintiocho distritos judiciales del interior del país, quedando todavía pendiente su implementación en cinco Distritos Judiciales (Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y el Callao), donde solo rige para un conjunto de delitos: desde el quince de enero de dos mil once, contra la administración pública previstos entre los artículos 382° y el 401° del Código Penal, sumándose los artículos de las medidas de coerción personal del Código Procesal Penal puestos en vigencia el veinte de agosto de dos mil trece a través de Ley n.º treinta setenta y seis. La reforma procesal peruana tiene como fuentes el Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica, hecho por tres grandes maestros: Julio Maier (Argentina), Ada Pellegrini Grinouer (Brasil) y Jaime Bernal Cuellar (Colombia); asimismo los códigos de países euro continentales semejantes como: España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, y de América Latina: Chile, Colombia y C. Rica, aparte de las prácticamente cien reformas que debieron hacerse al CPP de mil novecientos cuarenta para el caso de crímenes de aparatos organizados de poder estatal y privado dirigido por Vladimiro Montesinos contra mil trescientos encausados