Para una justicia diferente Violencia Sexual y Reforma Judicial con Perspectiva de Género El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia ha constituido uno de los temas más críticos en la lucha del movimiento feminista. Los casos en donde las mujeres no cuentan con recursos judiciales efectivos que acaben en un plazo razonable y en condiciones de igualdad son recurrentes en nuestra sociedad. Ello favorece al desarrollo y permanencia de un tiempo de impunidad donde los derechos de las mujeres carecen de protección. Con esta publicación, DEMUS busca visibilizar los obstáculos que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual en el acceso a justicia. Desde nuestro trabajo en la atención de esta clase de casos en zonas urbanas y rurales hemos procurando recoger la experiencia de estas mujeres tanto en tiempos de paz como a lo largo del conflicto bélico interno. El inconveniente de la violencia sexual contra las mujeres no es reciente, respondiendo a patrones históricos de violencia estructural, social y de género, como de discriminación; los que agravan a lo largo de los conflictos bélicos. Durante nuestra historia solo han alterado los actores y el contexto. Conforme al informe elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quinientos veintisiete mujeres fueron víctimas de violencia sexual a lo largo del conflicto bélico interno. Para el dos mil siete, en un contexto blog post conflicto bélico, la Policía Nacional del Perú reportó seis mil quinientos sesenta y nueve casos de abuso sexual. Bajo este contexto, la reforma del sistema de justicia resulta esencial para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Esta publicación asimismo se cuestiona los rasgos androcéntricos presentes en tal sistema y examina como estos se transforman en nuevos obstáculos para la conveniente protección de los derechos de las mujeres. En este sentido, DEMUS considera esencial que el Estado Peruano cumpla con su deber de debida diligencia en la prevención, sanción y exterminación de la violencia contra la mujer efectuando cambios no solo a nivel normativo, sino más bien asimismo a nivel de políticas públicas que garanticen que las mujeres puedan ejercer sus derechos esenciales en un contexto donde la igualdad se traslade de la teoría a la práctica. Para esto, es preciso que se dé comienzo a un proceso de reforma judicial que cuente con una perspectiva de género